generalizada y sistemáticade las fuerzas de seguridad mexicanas, dice
· Lo atribuye en buena medida a la
guerracontra el crimen organizado y a la impunidad de quienes la aplican
· Las denuncias han aumentado
considerablemente, advierte el organismo
 |
| Participantes en el informe del organismo internacional sobre la prevalencia de la tortura en México, denominado Culpables conocidos, víctimas ignoradas · Foto Cristina Rodríguez |
Fernando Camacho Servín
La Jornada 12/10/2012
La tortura es una práctica
generalizada y sistemáticade las fuerzas de seguridad mexicanas, que durante el sexenio que está por concluir alcanzó niveles
escandalosos, en buena medida a causa de la
guerracontra el crimen organizado y por la impunidad total de que gozan quienes la cometen, advirtió Amnistía Internacional (AI) en su informe denominado Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México.
En el documento, la organización con sede en Londres subrayó que las
denuncias de tortura y otros malos tratos en el país han aumentado
considerablementeen los pasados cinco años, debido a la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, que ha optado por
hacerse de la vista gordaante las violaciones generalizadas de los derechos humanos de la población.
Asimismo, AI aseveró que aunque Calderón ha insistido en que dichos
abusos son excepcionales y siempre son investigados y castigados, los
hechos dicen que los responsables de tortura y otros crímenes de lesa
humanidad prácticamente nunca son llevados a juicio, lo cual sirve para
animar a quienes los cometen a seguir haciéndolo.
El informe, de 48 páginas, señaló que es extremadamente difícil
determinar la magnitud y extensión real de la tortura en México, debido a
la falta de registro de las autoridades y de denuncia por parte de las
víctimas.
Un ejemplo de ello es que de 2007 a 2011, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos registró sólo 110 quejas por tortura, y 4 mil 731 por
malos tratos, lo cual deja ver que las autoridades suelen reportar la
tortura como si fuera otro delito menor.
La falta de registro preciso de este fenómeno es tal, indicó AI, que
entre 2008 y 2011 la Procuraduría General de la República dijo tener 58
investigaciones preliminares por tortura y cuatro casos con acusaciones
formales, mientras el Consejo de la Judicatura Federal registró 12
procesamientos y cinco sentencias condenatorias, y el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía señaló que no tenía noticias de ninguna
sentencia.
Como ya ha consignado en otros informes, Amnistía Internacional
afirmó que la impunidad de los casos de tortura es casi total y proviene
desde la época de la llamada guerra sucia, y alertó que
sectores vulnerables, como las mujeres o los migrantes indocumentados,
siguen expuestos a altos niveles de violencia.
Además de la falta de capacidad o voluntad de las autoridades para
investigar y frenar este delito, hay deficiencias en la legislación
nacional que impiden avanzar en su erradicación, como el hecho de que la
definición de la tortura en la legislación federal no se ajusta a lo
establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre la materia.
El análisis de AI enfatizó también que en buena parte de los
casos de tortura están involucrados elementos de las fuerzas armadas,
como en los expedientes de las indígenas Inés Fernández y Valentina
Rosendo, y los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel
–que incluso ya ameritaron sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos–, o el del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana.
Por todo lo anterior, Amnistía Internacional formuló más de 40
recomendaciones al Estado mexicano, entre las que destacan armonizar su
legislación interna sobre tortura con la de organismos internacionales,
establecer una base de datos exacta sobre este fenómeno e investigar de
manera exhaustiva a los funcionarios públicos involucrados.
De igual forma, llamó a las autoridades del país a garantizar la
puesta en marcha de la reforma de 2008 al sistema penal; no validar las
pruebas judiciales obtenidas bajo tortura; registrar de forma detallada
todas las detenciones hechas por la policía o el Ejército, y sobre todo,
restringir el fuero militar para que todos los abusos contra civiles
cometidos por las fuerzas armadas sean analizados por la justicia civil
ordinaria.
Durante la presentación del informe, Alberto Herrera, director
ejecutivo de Amnistía Internacional capítulo México, recalcó que el
gobierno de Felipe Calderón no sólo no contribuyó a eliminar la tortura,
sino que en el sexenio que está por concluir hubo un aumento
escandaloso e inaceptablede esa práctica, causada por la
guerracontra el crimen organizado.
El activista lamentó la falta de voluntad política del Estado para
castigar a los responsables de este delito, que hoy se comete de forma
generalizada y sistemática, y aunque manifestó sus reservas sobre el gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto, insistió en la necesidad de agotar todas las instancias judiciales internas antes de acudir al sistema interamericano de justicia.
Finalmente, la periodista Anabel Hernández enfatizó que la tortura es
inaceptable en cualquier caso, pero cuando la comete o la tolera el
Estado es un acto
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atroz, y recordó los casos de Brenda Quevedo, Javier Valles y Gerardo Ortega, cuyos agresores nunca fueron investigados ni sancionados.
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