Ni “sentencias” con defectos, ni “sentencias” ilegítimas, ni “sentencias” injustas –lo último que se le ocurrió a la Vicepresidenta Fernández de la Vega al hablar recientemente del caso de Miguel Hernández–. Es que no son sentencias: son crímenes de guerra.
Actos criminales contrarios a la Convención de Ginebra y al mismo estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en su artículo 8.2.c) iv, define expresamente como “crimen de guerra” (imprescriptibles, inamnistiables…):
“Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.
Y sí, ya sé que, como no estamos en un Estado de Derecho de verdad, a nuestras autoridades lo de la convención de Ginebra (nada menos), el Estatuto de Roma y todo lo demás no les importa lo más mínimo mientras no les cueste votos… pero no por ello hay que dejar de denunciarlo claramente y con los instrumentos internacionales en la mano, aunque solo sea por llamar las cosas por su nombre y tal y como las definen los tratados suscritos por España ya que, al parecer, las autoridades españolas no se sienten en la obligación de hacerlo.
Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.
Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exáctamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.
Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelias criminales del fascismo español como actos de “derecho”.
El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.
Y no me refiero sólo a las condenas de muerte, también a todas las demás condenas dictadas “sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, como he citado más arriba.
Son actos criminales que no pueden, ni deben, seguir siendo considerados hoy como “derecho”, ni llamados “sentencias” por nadie, por mucho que los criminales así lo pretendieran para encubrirse y tan, tan bien, ay, les haya salido la jugada durante todo este tiempo. El artículo 8 del Estatuto de Roma lo define bien claro.
Y por eso no puede tratarse tampoco únicamente de la nulidad de todas las “sentencias” del franquismo –primera medida a emprender– sino, más ampliamente, del cumplimiento de todos los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia los “sentenciados”.
De modo que, tratándose de crímenes de guerra contra excombatientes y población civil protegida, es igualmente obligado impulsar también la apertura de una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento judicial de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a través de la aplicabilidad del legado de Nuremberg que el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos ofrece.
Y sin olvidarse de otorgar a todas estas víctimas, y muy especialmente a todos los asesinados y a sus familias, su pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas; sin saltarse ninguna de las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma –restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición–, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:
1- La nulidad de todas las “sentencias” y “tribunales” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen fascista de Franco para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de sus familiares.
2- Una petición pública de perdón por parte de las autoridades del Estado por todos los crímenes y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la muerte de Franco, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.
3- La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a todas estas victimas y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con los nombres de los asesinados y represaliados como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4- La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en el material didáctico a todos los niveles.
5- La nulidad de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria.
Todos estos deberes de Estado son los que se está saltando cada representante público que sale hablando de “sentencias”; saltándose todo eso, faltando a la verdad, y al respeto, a los represaliados por el franquismo y a sus familias: llevando a cabo una intolerable injerencia en el derecho al honor de todas esas personas olvidadas y pisoteadas, mucho mayor si cabe al hacerlo desde el ejercicio de sus cargos públicos, con mayor daño para las familias.
Y acaso el error ha sido ese: el ser tan comedidos y no haber emprendido antes acciones legales y una firme campaña de denuncia pública para proteger el derecho al honor de todas esas personas y sus familias contra todo cargo institucional que se atreva a actuar de esa manera.
Si ellos se permiten hablar una y otra vez, públicamente, de “sentencias” y de “tribunales” al referirse a masacres y fusilamientos criminales de los defensores de nuestra República, pasándose por las narices la Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma, Nuremberg, las Resoluciones de Naciones Unidas y lo que haga falta, ¿no debemos también todos nosotros llamarles cómplices del franquismo, genocidas de la memoria, e ir tomando buena nota de hemeroteca para que dentro de dos años les sigan insultando si se atreven, pero desde su casa?
Verdad, justicia y reparación, ya.
Fuente: http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=34235
Sin noticias de Príamo: Héroes de la República insepultos en el Ebro
España postgenocidio (II)
En nuestro caso los restos mortales de nuestros héroes han quedado ahí tirados, sin más, (...) a lo largo de este ininterrumpido reinado de un mismo monarca que nunca ha mostrado un ápice de esa misma humanidad de Príamo para con nuestros propios vencidos en los últimos 35 años…
Así se encuentran todavía numerosos defensores de la República española en las tierras altas del Ebro, tal y como recogía este fin de semana El País, al informar de excursionistas y vecinos que habían ido reuniendo, en más de 600 trozos distintos, los restos mortales dispersos de “unos 63” combatientes republicanos caídos durante la batalla del Ebro de 1938. En la línea de las terribles, imposibles de creer, imágenes emitidas por Telecinco hace ya más de un año, que tampoco pueden ser olvidadas.
Que estemos hablando de personas que se dejaron la vida en una de las batallas más desesperadas y cruentas que se recuerden en España, que lo hicieran en defensa de la Constitución, de nuestras libertades, de nuestro futuro… que en cualquier otro lugar civilizado serían honrados como héroes… parece que poco importa.
Llevan más de 70 años allí tirados, directamente a la intemperie; incluida la cuenta de los más de veinte años desde que nuestro “Estado de Derecho” ratificase, en abril de 1989, el Segundo Protocolo a la Convención de Ginebra, cuyo elemental artículo 8 no podría resultar más claro en relación con los ineludibles deberes legales de Estado de búsqueda y trato decoroso de los restos mortales de los combatientes:
Artículo 8 – Búsqueda. Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se tomarán sin demora todas las medidas posibles (…) para buscar a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos.
Medidas “sin demora” para “dar destino decoroso a sus restos”… no cabe duda, los desaparecidos en combate, son los desaparecidos entre los desaparecidos; y en nuestro país más. Sea en los escenarios bélicos del Ebro o en cualesquiera otros.
Las normas internacionales de referencia de los “desaparecidos en combate” podrán no ser las mismas que ante las desapariciones forzadas, pero el dolor y la interminable espera de sus familiares ante la angustia del ser querido desaparecido del que nunca más se supo –la ausencia del lugar de reposo donde recordarles y honrarles– sí que lo es.
Pero –como ante el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Nuremberg y todo lo demás– el Segundo Protocolo a la Convención de Ginebra, el artículo 8 más arriba citado, tampoco vale en España. La Convención de Ginebra…
Qué terrible vivir en un país tan poco serio en el que se hace necesario argumentar y reclamar a nuestras autoridades por qué “sería mejor” –y más decente– cumplir con los tratados absolutamente fundamentales firmados por España… les dé o les quite votos a nuestros gobernantes…
Qué terrible que hasta la derecha democrática de otras naciones civilizadas como la de la Alemania de Ángela Merkel haya entendido que el cumplimiento de tales tratados internacionales en materia de derechos humanos –la nulidad de las “sentencias” del nazismo y todo lo demás– no es algo meramente optativo, no es ni de izquierdas ni de derechas… mientras que los actuales dirigentes de nuestro partido socialista todavía no lo hayan hecho…
Qué terrible la actuación de los ayudantes de la impunidad, aquellos dentro del PSOE siempre dispuestos a justificar, violación tras violación del derecho internacional –vergüenza tras vergüenza–, el trato inhumano a estas personas cuyos derechos se siguen negando de todas las formas posibles… la actuación de aquellos que ponen todos los paños calientes del mundo en nombre del PP que se avecina, de lealtades de partido mal entendidas, de la “responsabilidad de gobierno”, y no sé que más. Y eso que siempre creí que una de las primeras responsabilidades de gobierno, de cualquier gobierno, era justamente la de garantizar los derechos humanos tal y como vienen recogidos en el derecho internacional: tal y como dice el artículo 10.2 de la Constitución española o su artículo 96… ni más ni menos… cumplir nuestra Constitución debe ser también algo gravemente incompatible con la responsabilidad de gobernar, como lo del Convenio Europeo de Derechos Humanos… cosa de izquierdosos o de quienes quieren parecerlo…
¿Qué es lo que pasa en este país cuando se puede incumplir todo el derecho internacional perpetrando comportamientos verdaderamente infames desde nuestras propias instituciones, y el mero hecho de exigir la normal observancia de las leyes de humanidad –como la de no dejar a miles y miles de personas tirados como perros– resulte ser “guerracivilismo”, “ir de rojo”, o lo que se les ocurra?
¿Qué es lo que pasa cuando, ante el frío hecho de los cientos de cuerpos a la intemperie en el Ebro, el gobernante de turno del PSOE se puede ir públicamente de rositas con cualquier chascarrillo feliz como “sentirse absolutamente cercano a las víctimas”, o directamente mintiendo a la ciudadanía de forma descarada diciendo cosas como que la sentencia de Blas Infante ya no existe en virtud de la “ley de la memoria”?
Y, con todo, esa imagen de esos cientos de cuerpos insepultos en el Ebro no nos habla ya, únicamente, de un Gobierno que será largamente recordado por sus hazañas en materia de justicia universal –que sí que sobrevivió a Aznar, pero que, paradójicamente, no lo hará a Zapatero…– y una impactante cobardía moral que resulta inevitable criticar, sino que nos habla de algo más de fondo, casi antropológico, aún pendiente en nuestra misma sociedad.
Homero lo recrea en el canto XXIV de su Iliada, el titulado Rescate de Héctor, cuando Príamo, Rey de Troya, acude en la noche a suplicarle a Aquiles la restitución de los restos profanados de su heroico hijo, defensor de la ciudad –valiente y digno en la lucha, salvajemente arrastrado después de vencido a los mismos pies de las murallas–, con el único fin de poder honrarlos y darles digna sepultura. En nuestro caso los restos mortales de nuestros héroes han quedado ahí tirados, sin más, sin medio remordimiento de conciencia de ninguna autoridad estatal; no ya únicamente durante toda la dictadura, sino durante todo lo que llevamos de democracia, Gobierno tras Gobierno, a lo largo de este ininterrumpido reinado de un mismo monarca que nunca ha mostrado un ápice de esa misma humanidad de Príamo para con nuestros propios vencidos en los últimos 35 años…
Esos maltratados restos de nuestros propios héroes representan, al mismo tiempo, algo profundo y pendiente en el seno de nuestra propia sociedad postgenocidio, en la decencia de nuestros gobernantes y respecto de cualquier idea de dignidad democrática que nuestras propias instituciones pretendan encarnar, ¿cómo podrían resultar verdaderamente dignas las unas sin los otros, mientras estos últimos continúan tirados a la intemperie?
En uno de esos votos particulares que le recuerdan a uno por qué y para qué se estudia derecho –el formulado por el magistrado Cançado Trindade en el conocido caso Bámaca Velásquez contra Guatemala en sede de la Corte Interamericana– se nos recuerda:
“La solidaridad humana se manifiesta en una dimensión no sólo espacial -es decir, en el espacio compartido por todos los pueblos del mundo-, sino también en una dimensión temporal -es decir, entre las generaciones que se suceden en el tiempo, tomando el pasado, presente y futuro en conjunto. Es la noción de solidaridad humana, entendida en esta amplia dimensión, y jamás la de soberanía estatal, que se encuentra en la base de todo el pensamiento contemporáneo sobre los derechos inherentes al ser humano”, “lo que concebimos como la especie humana abarca no sólo los seres vivos (titulares de los derechos humanos), sino también los muertos (con su legado espiritual). El respeto a los muertos se debe efectivamente en las personas de los vivos. La solidaridad humana tiene una dimensión más amplia que la solidaridad puramente social, por cuanto se manifiesta también en los lazos de solidaridad entre los muertos y los vivos (…) En definitiva, los vivos y los muertos encuéntranse mucho más vinculados de lo que uno pueda prima facie suponer, y esta realidad no puede seguir siendo ignorada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en evolución”.
No hay rescate de Héctor entre nosotros, yace aún profanado por la furia de Aquiles más allá de las leyes de los hombres o de los dioses.
Seguimos, en este país, sin noticias de Príamo.
Ver también:
Fuente: http://www.nuevatribuna.es/noticia/34305/OPINI%C3%93N/espa%C3%B1a-post-genocidio-ii-sin-noticias-pr%C3%ADamo-h%C3%A9roes-rep%C3%BAblica-insepultos-ebro.html
Miguel Ángel Rodríguez Arias/Nueva Tribuna
España postgenocidio (III)
Como he apuntado anteriormente nuestro “Estado de Derecho” se desentiende de Nuremberg, de la Convención de Ginebra, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de cualquier cosa que pueda venir de ese derecho internacional “abre-heridas” y “guerracivilista”.Pero eso tampoco quiere decir que estemos – vaya, no del todo – en una especie de “Estado de Derecho gamberro”, ajeno a toda norma jurídica de referencia.
Hay un “derecho” que nuestro Estado sí que reconoce y al que da pleno cumplimiento a pies juntillas: el “derecho” franquista.
Y digo “derecho”, entrecomillado, porque en ningún caso puede, ni debe, ser reconocido como tal, sino como meros actos de violencia y represión impuesta a nuestra sociedad por la fuerza de las armas (armas nazis y fascistas, dicho sea de paso…)
Porque la dictadura criminal franquista no fue otra cosa que un régimen fascista cómplice del régimen nazi de Hitler en Alemania y del régimen fascista de Mussolini en Italia, tal y como fue expresamente reconocido por la Resolución 39 (I) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 12 de Diciembre de 1946: “de acuerdo a su origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista basado en el modelo de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini, y en su mayor parte establecido como resultado de la ayuda recibida de los mismos”.
Así que el problema de fondo va todavía más allá, en realidad, de que la España post genocidio se siga desentendiendo de todo el derecho internacional respecto de víctimas sepultas o insepultas: es que a lo que sí que se sigue reconociendo valor jurídico es a todo lo que hizo dicho régimen criminal… y ojalá que al decir esto estuviese olvidando algún sector jurídico, algo de lo “atado y bien atado” por el franquismo – grande o pequeño – que sí que fuese “anulado”, aunque mucho me temo que no es así y que el balance es absolutamente desolador…
Por eso y, siguiendo con la metáfora, en el caso español más que un “Derecho Gamberro” me parece más ajustado decir que tenemos una suerte de “Derecho Zombie”, auténtico “muerto viviente” entre nosotros, aplicado por una alta judicatura que como no fue removida y prejubilada en su día – por franquista y antidemocrática, tal y como exige el cuarto de los Principios de Chicago sobre justicia transicional – tampoco le va a la zaga y claro, los años no pasan en balde… pero vamos, conste que a lo que yo me refiero es a una cosa no-muerta y putrefacta pero de modo sosegado, en plan clásico de George A Romero, que no estilo “71 años después” más difícil de imaginar, corriendo por los pasillos de nuestro Tribunal Supremo, rabiosos y a lo loco…y sí, ya sé que esto son temas muy serios, pero con tanta tropelía pónganse en mi lugar, me acojo a su indulgencia con la humorada.
El hecho es que el problema sigue siendo que dentro de nuestro ordenamiento aún se continúa reconociendo una impropia validez jurídica – impropia de un verdadero Estado Democrático de Derecho – a actos, nombramientos, resoluciones, leyes… de una banda criminal que se apoderó de las instituciones del Estado…elementos que constituyen un auténtico corpus de tejido jurídico zombie y necrosado, y que ya va siendo hora de extirpar de nuestro ordenamiento mediante la cirugía de la nulidad y de un pleno Estado de Derecho que atienda plenamente a los derechos humanos.
Y así, aún se atribuye validez legal a los méritos, ascensos y condecoraciones otorgados por los jefes del grupo armado a los más hábiles secuaces en dar muerte a los defensores de la República española, mientras las condecoraciones y grados concedidas por el Gobierno republicano de España a tropas regulares y maquis – todavía casi bandoleros – son ninguneados… aún se reconoce validez a las calles y topónimos de exaltación del régimen que según parece hay que ir cambiando…en vez de reconocer su debida nulidad radical que los retrotraiga a su situación anterior mediante una reforma de la misma ley de bases de régimen local… o, en la mismísima Galería de Presidentes del Congreso de los Diputados, aún se encuentran, equiparados a otros auténticos representantes del pueblo español democráticamente electos, los retratos de los “Presidentes” de las denominadas “Cortes Españolas” –“Presidentes” de las “Cortes” de la época franquista”, mera agrupación de colaboradores del dictador nombrados al margen de la Constitución española de 1931 y sin otro refrendo que el designio del genocida – en vez de figurar los de la Diputación Permanente de las Cortes Generales de España, exiliadas de necesidad pero plenamente vigentes de conformidad a los mecanismos constitucionales para situaciones de excepción hasta su autodisolución el 21 de junio de 1977 en París: Diego Martínez Barrio (entre 1939 y 1945), Luis Jiménez de Asúa (entre 1945 y 1970) y José Maldonado González (entre 1970 y junio de 1977). Sus simples retratos tampoco encuentran cabida, al parecer, en nuestro Parlamento, hasta en ello se opta por dar reconocimiento preferente a la “legalidad zombie” e instituciones del fascismo español…es que exáctamente ese es el país en el que vivimos, el de los restos mortales insepultos en el Ebro, los crímenes de guerra llamados “sentencias”, los desaparecidos de Estado que ni si quieran son buscados por el Estado…
Al final va a ser que eso de la “ruptura controlada” con el franquismo durante la “transición”, fue más “controlada” – hacia la monarquía – que “ruptura”…
Pero lo peor dentro de todo ese Derecho Zombie franquista – dentro de lo “peor” como dice bien el maestro Zaffaroni siempre hay grados –, es el agravio comparativo de la exaltación cotidiana que desde la misma Jefatura de nuestro Estado, nuestro Gobierno y restantes instituciones democráticas se sigue haciendo hoy, como en los últimos 35 años, con el reconocimiento de la legalidad de los más insignes apellidos genocidas elevados a la categoría de título nobiliario vigente, en una cantidad que me sorprendió a mi mismo al aproximarme a esta cuestión en el contexto de la elaboración de su anulación dentro de la Iniciativa Legislativa Popular por una ley de “verdad justicia y reparación”, y que expongo a continuación en toda o casi toda su extensión.
Por un lado están los propios títulos concedidos por el dictador en virtud de una “ley”, la de Sucesión de la Jefatura del Estado, de 26 de Julio de 1947… “ley” que no lo es, pues la vigente Constitución española de 1931 en ningún caso reconocía competencia legislativa alguna a ningún general de la República y de legal tendría tanto como los fusilamientos y robos de la banda criminal en cuestión, aunque, claro, justamente en virtud de ésta el caudillo se atribuiría, así mismo, la potestad de decidir la restauración monárquica en nuestro país tras su fallecimiento – obviamente en vez de la de la Republica interrumpida por su golpe de Estado como hubiese sido normal que fuese reestablecida tras la caída del régimen –…
a) Ducado de Primo de Rivera
b) Ducado de Calvo Sotelo
c) Ducado de Mola
d) Condado del Alcázar de Toledo
e) Marquesado de Dávila
f) Condado de Labajos
g) Condado de Jarama
h) Marquesado de Queipo de Llano
i) Marquesado de Saliquet
j) Marquesado de Varela
k) Marquesado de Somosierra
l) Marquesado de San Leonardo de Yagüe
ll) Marquesado de Vigón
m) Condado de Fenosa
n) Condado de Echeverría de Legazpi
ñ) Condado del Castillo de la Mota
o) Marquesado de Suances
p) Marquesado de Bilbao Eguía
q) Marquesado de Casa Cervera
r) Marquesado de Kindelán
s) Condado de Martín Moreno
t) Condado de Pallasar
u) Marquesado de Peralta
v) Condado de El Abra
w) Condado de Bau
x) Ducado de Carrero Blanco
Mientras que, por otro lado, en virtud de dicha misma “ley” del 47, el año 69 Franco nombraría al sucesor que – plenamente reinante y gobernante entre el 25 de noviembre de 1975 y el 29 de Diciembre de 1978, durante los sucesos de Vitoria Gasteiz y unas cuantas cosas más, antes de la entrada en vigor de su inmunidad – aprobaría los siguientes títulos adicionales igualmente presentes hoy:
a) El Señorío de Meirás, mediante Real Decreto de 26 de noviembre de 1975
b) El Ducado de Franco, mediante Real Decreto de 26 de noviembre de 1975
c) El Marquesado de Arias-Navarro, mediante Real Decreto de 2 de julio de 1976
d) Condado de Rodríguez de Valcárcel, mediante Real Decreto de 5 de enero de 1977
e) Condado de Iturmendi, mediante Real Decreto de 5 de enero de 1977
Sí, el Marquesado de Queipo de Llano que nuestra democracia continúa reconociendo como título de nobleza es el de aquel Queipo de Llano de sus conocidos exhortos radiofónicos:
“Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros: Que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad. ¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré. Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos, que ahora por fin han conocido hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará. Ya conocerán mi sistema: por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello; les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar”.
No es que lo de “yo os autorizo a matar como un perro”, y el resto, tenga desperdicio, pero eso de enseñar a las mujeres de los rojos “lo que es ser hombre” y lo de “dar patadas y berrear no las salvará”, del “Excelentísimo Sr.” Marqués debe ser muestra ejemplarizante de la más granada nobleza española, todavía condecorado hoy éste nada menos que con la Laureada de San Fernando, que nadie le ha retirado todavía, por sus hazañas “militares” en Sevilla, en Málaga…Laureada por el “dadle café, mucho café” a Federico García Lorca (ya se sabe: el “Camaradas Arriba la Falange Española” de después de los fusilamientos…) como denunciase Ian Gibson…ya ven, al locutor de la Radio de las Mil Colinas en Ruanda – el de matadles como cucarachas y todo lo demás – la jugada le salió bastante peor, sin título de noble, sin Laureada de San Fernando, ni exaltaciones folclóricas de Semana Santa, y condenado “el pobre” por instigación al genocidio, y eso que al lanzar sus soflamas no ostentaba el máximo mando militar en plaza que le diese auténtica materialidad jerárquica a eso del “yo os autorizo”… a diferencia de los discursos del “Excelentísimo Sr.” Marqués, General del ejército por lo demás…
Y sí, cuando hablamos de Ducado de Mola hablamos también de él, de aquel general igualmente genocida que ordenara a sus hombres:
“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo[…] serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. En este trance de la guerra yo ya he decidido la guerra sin cuartel. A los militares que no se hayan sumado a nuestro Movimiento, echarlos y quitarles la paga. A los que han hecho armas contra nosotros, contra el ejército, fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular, debe ser fusilado […] Hay que sembrar el terror; dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”.
Y el “Excelentísimo” Marquesado de San Leonardo de Yagüe, que no se nos olvide, se refiere al mismo Yagüe de las ametralladoras de aquella Plaza de Toros de Badajoz abarrotada de prisioneros de guerra y población civil protegida, el que entregase la ciudad extremeña al pillaje dijera lo que dijeran las Convenciones de la Haya, de Ginebra…
Y el “Excelentísimo” Marquesado de Arias-Navarro es el mismo Arias Navarro de las torturas en Madrid, de los fusilamientos, de las fosas de Málaga, el “carnicerito”…
Vaya, es que tanta “excelencia” humana junta y tanta “nobleza” de nuestra Monarquía lo desborda a uno…
Y así, vergüenza sobre vergüenza, nuestra sociedad post genocidio de la transición ejemplar va revelando su auténtico rostro; y mientras los descendientes de los defensores de la Segunda República española no reciben ni sus pobres restos mortales para darles digna sepultura, ni la nulidad radical de sus “sentencias” – una vez más: crímenes de guerra – , quienes tienen la desgracia de tener que acarrear inevitablemente para el resto de su vida con los apellidos de genocidas, golpistas y ayudantes varios del régimen sí que continúan recibiendo en todo caso, en cambio, el legado de los “insignes” títulos nobiliarios de sus predecesores…
Dudo mucho que ni siquiera entre la milenaria nobleza española de larga tradición de caciques, explotadores, chulos sin oficio – que no sin “beneficio”, ay – y señoritas bien de colegio de monjas, se haya dado antes semejante descrédito.
De modo que a cada cual lo suyo. Sí Felipe II tenía el reino en el que nunca se ponía el sol, Juan Carlos I tiene hoy por méritos propios 35 años después el reino de las fosas, con las más de dos mil que van contabilizadas por el momento; y eso que, como dice el derecho internacional, las fosas clandestinas de los territorios gobernados por partido distinto al de Gobierno no son en modo alguno responsabilidad del ejecutivo, hasta dejan de ser contabilizables como escenarios de crímenes contra la humanidad…¿o era que dada la responsabilidad indisponible de todo Gobierno ante crímenes tan horrendos eso de las autonomías no le sirve de ningún tipo de excusa a su obligación de legislar adecuadamente para todo el Estado, de garantizar la vigencia de los derechos humanos en todo el territorio?...la verdad con tanta “originalidad” – y manifiesta mala fe, siempre tratando de torcer el derecho internacional en la materia – por parte de nuestro Gobierno socialista uno ya se pierde, aunque juraría que, más bien, era lo segundo…
Vamos, que superadas con creces en nuestro país las hazañas propias al “Marquesado de Milosevic” y otros, a nuestro Reino de las fosas patrio tan sólo nos supera el “Ducado de Pol Pot”… y sí ya sé que a ellos nadie les nombró nobles, pero es que eso es algo que me parece tremendamente injusto, un auténtico agravio comparativo y, en definitiva, una mera cuestión de “reflejos”, pues de haber pedido a tiempo la nacionalidad española ambos habrían tenido perfecto encaje entre nuestra nobleza franquista y disfrutarían todavía de canapés y recepciones varias de copete…por no decir que se habrían ahorrado los engorrosos cargos acusatorios de genocidio y lesa humanidad…
Que, afortunadamente, eso de ir imputando por ahí cargos penales groseros y cargantes a tan insigne nobleza sigue siendo delito en España. Como Dios manda.
El honor de la Casa Real del monarca que no consiente que se hable mal del genocida Franco en su presencia – y que lleva 35 años dando continuidad a todos esos títulos de la “a” a la “z” en el ejercicio de su competencia constitucional exclusiva en la materia – queda, con ello mismo, perfectamente retratado…
Como dice el refrán, nobleza obliga y agradecimiento liga…
Claro que, puestos a elegir, mejor hubiese sido aquello otro de “honor recibe, quien honor merece”: según parece, no en este país.
Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.
Ver también:
España post genocidio (II) Sin noticias de Príamo: Héroes de la República insepultos en el Ebro
España postgenocidio (I) No son “sentencias”, son crímenes de guerra
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